sábado, 11 julio 2020
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«Coronabusos» por Pablo Hernández

Firma invitada de Pablo Hernández (19-06-20)

 
 
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La fase más dramática de la crisis sanitaria ha quedado atrás, aunque no podemos olvidar bajo ningún concepto que el coronavirus sigue entre nosotros. A pocos días de que finalice el estado de alarma en todo el país, nos adentramos paulatinamente en una etapa incierta en la que la relajación de las restricciones, la libertad de movimiento y la reapertura de las fronteras pondrán a prueba la relativa estabilidad alcanzada tras más de tres meses de sacrificio colectivo.

Sin descuidar el control de la pandemia, muchos esfuerzos se orientarán ahora a reconstruir la economía y el tejido productivo, que han quedado profundamente tocados. Como de costumbre, algunos ya están tirando de picaresca y malas prácticas, y hace semanas se empezó a hablar de la “tasa COVID”. Con esta denominación aséptica y con cierto halo de oficialidad, se hace referencia a los recargos que algunos negocios y empresas están aplicando a sus clientes con la excusa de repercutirles parte de los gastos adicionales derivados de las nuevas medidas de higiene y desinfección.

En términos generales, en un libre mercado la fijación de los precios de bienes y servicios queda a discreción de cada empresa. El consumidor, por su parte, tiene la libertad de elegir si quiere o no disfrutar de ellos teniendo clara toda la información. Sin embargo, según el Ministerio de Consumo, cobrar un recargo desglosado por conceptos que constituyen una obligación para el negocio es ilegal, independientemente de que sea un bar, una peluquería, un taller mecánico o una clínica.

Uno de los sectores más afectados ha sido el del transporte aéreo. Si les han anulado un vuelo, es probable que la compañía les ofrezca un vale por el importe del billete que se puede utilizar para futuras reservas. Aun así, si prefieren el reembolso, sepan que la aerolínea no se puede negar.

Hace un par de días se supo que la multinacional que gestiona la residencia de ancianos de Santa Ana, en Macotera, ha enviado una carta para comunicar que cobrará 85 euros mensuales extra hasta diciembre con el fin de costear las medidas aplicadas desde el estallido de la pandemia. A la raíz de la indignación de los residentes y los familiares, la empresa ha dado explicaciones poco convincentes y ha puntualizado que se trata de una aportación voluntaria, un matiz relevante que no figuraba en la carta.

Una vez más, queda claro lo importante que es comportarse como consumidores activos y conscientes de nuestros derechos para plantar cara ante abusos indiscriminados. Si tienen cualquier duda, acudan a fuentes fiables de las asociaciones de consumidores y de las Administraciones Públicas, como el sitio web consumidorescovid19.gob.es.

Pablo Hernández

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